De la crisis a la reforma. La Constitución a debate.

El Justicia de Aragón y la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza organizaron el pasado 3 de diciembre de 2014 las X Jornadas de la Constitución bajo el título “El debate de la reforma constitucional” La conferencia de apertura corrió a cargo del Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco Dr. D. Javier Tajadura Tejada con el título “Crisis institucional y reforma constitucional”

Tajadura comenzó su intervención asegurando que históricamente el nacimiento de las constituciones y sus reformas son fruto de momentos turbulentos como reflejos de una crisis. Crisis como la actual y por eso no hay que temer a una reforma que, de no llevarla a cabo, nos puede situar ante el disparate de hacer tabla rasa con el pasado y tirar por la borda los últimos 36 años que, más allá de falsificaciones históricas radicales, han constituido una época de bienestar y mejora.

Con este panorama, apuntó Tajadura, no es necesario un nuevo proceso constitucional, sin embargo se hace imprescindible una profunda reforma de su diseño para poner sobre la mesa las instituciones que no funcionan correctamente o se encuentran en declive. Por eso el profesor centró su conferencia en la erosión dos de ellas: La democracia representativa y la independencia del poder judicial

Tajadura defendió que la democracia representativa es la única democracia posible, ahora bien, se hace imprescindible una reforma en el ámbito de los partidos políticos para evitar que decisiones tan importantes como quien encabeza las listas electorales o quien compone el Tribunal Supremo terminen por recaer en la figura del Presidente del Gobierno y, por lo tanto, en una devaluación del sistema democrático.

¿Cómo hemos llegado a esta situación?, se preguntó el profesor. Las respuestas las encontramos en un largo proceso que han seguido los partidos políticos hasta lograr 1) la oligarquización de sus estructuras y 2) colonizar las instituciones.

Fortalecer a los partidos fue una decisión constituyente que los llevó a una posición hegemónica y propició el bipartidismo, de tal manera que un reducido número de personas tienen el poder de confeccionar las listas electorales y, como consecuencia, romper el vínculo entre representante y representando. El representante está mucho más ligado al partido que decide su posición en la lista electoral que al ciudadano al que tendría que representar.

Mucho más grave, en opinión del conferenciante, es el imperialismo que ha penetrado en las instituciones que deberían estar ajenas a la dinámica de partidos, especialmente en el ámbito de la Justicia. Es aquí donde se precisaría una profunda reforma constitucional para garantizar su independencia.

Una justicia, afirmó Tajadura, cuyo producto final es independiente y homologable con los países democráticos de nuestro entorno, todo ello a pesar del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuya función principal es, precisamente, garantizar la independencia de la Justicia, del juez, y de todo lo relacionado con las inspecciones, sanciones disciplinarias y promoción en la carrera judicial. Unas protecciones que son vitales para los jueces y que deberían bastar para que los mejores magistrados pudieran llegar hasta el Tribunal Supremo (TS). Sin embargo, y gracias a un CGPJ controlado por los partidos políticos, el acceso al TS nada tiene que ver con los méritos y mucho con la ideología, un reparto de puestos en la vocalías que los partidos se reparten de una manera que atenta contra la doctrina y espíritu constitucional.

Como recuerda Bonifacio de la Cuadra (2014:8):

Inicialmente todo fue apacible /…/ Con la Constitución se creó una institución democrática, el CGPJ, como órgano de gobierno de ese poder del Estado. /…/ Un primer CGPJ, con los 12 vocales jueces de carrera, del total de 20, elegidos por los propios jueces y magistrados; y los otros ocho juristas por el Parlamento, ofreció un perfil conservador, pero los 20 vocales cumplieron con su obligación constitucional de proponer autónomamente a un presidente.

El profesor Tajadura recuerda que se reformó la ley para que en lugar de la elección por la profesión todos los vocales fueran elegidos por el Congreso, una reforma con la que no hubiera habido ningún tipo de objeción si cumpliera la letra y espíritu de la ley constitucional, es decir que una mayoría cualificada de 3/5 del Congreso necesita el consenso de varios partidos y garantizaría la competencia del seleccionado. El trabajo partidario consistirá en buscar y promocionar profesionales de reconocida competencia y que suscitaran ese consenso.

Sin embargo lo que ocurrió fue que los partidos procedieron a hacer cuotas en función del peso que tenían en el Parlamento y así atribuirse un número determinado de vocales. Un sistema truculento en que participan todos los partidos como nos recuerda Bonifacio de la Cuadra (2014: 8):

El perverso reparto del CGPJ entre los grandes partidos ha empeorado. Ya no hay que repartirse el CGPJ. Se lo queda el partido mayoritario, cuyos votos aseguran la mayoría de los vocales necesarios para, por ejemplo, designar a los magistrados del Tribunal Supremo, al que a lo mejor termina cayéndole todo este lío de Gürtel o de Bárcenas o las corrupciones más recientes. El poder político se come al judicial.

Tajadura recuerda que este sistema se impugnó al Tribunal Constitucional que sentenció de manera interpretativa su constitucionalidad, lo que mostró un alto grado de ingenuidad porque la única manera de entender el proceder descrito anteriormente de manera constitucional sería si el CGPJ representara a las fuerzas que lo constituye, y eso es precisamente lo que no hace.

La conclusión para el conferenciante es clara: El diseño constitucional del consejo no sirve y hay que cambiarlo para evitar la actual política de colonización en los nombramientos cuya consecuencia principal es la corrupción del sistema y, por ejemplo, que el aforamiento, lejos de verse como una garantía procesal, termine por percibirse como el privilegio de que los políticos sean juzgados por tribunales superiores que, precisamente, han sido elegidos por el ámbito político. Esta situación que fomenta la visión de una justica que no es igual para todos. Un contexto especialmente grave porque el ciudadano ante la corrupción percibe a la justicia, y en palabras de Carlos Fonseca (2014:4)

 

Como único dique de contención /…/ La política y los políticos han dejado de ser el instrumento para solucionar los problemas de los ciudadanos y se han convertido en uno de ellos.

Esta situación se repite en instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional dónde el imperialismo de los partidos ha instaurado el mismo sistema de cuotas entre 8 de los 12 magistrados elegidos por las Cortes Generales, lo que está derivando en la visualización del más alto tribunal como una especie de tercera cámara en la que dirimir los debates políticos, fácilmente predecibles en función de la ideologización en su composición. Y algo similar ocurre en el Tribunal de Cuentas que se ha visto salpicado por una particular endogamia tan ligada al enchufismo de un nepotismo entre amigos y familiares.

Parece evidente la necesidad de un cambio en los requisitos actuales en el campo del gobierno de la justicia y por eso se citaron algunas alternativas que funcionan en otros países como la ampliación de mandatos, incluso de carácter vitalicio como en EE. UU.; que el acceso a los más altos cargos precisen de una prolongada carrera profesional que impida la posterior incorporación a la vida política, que las elecciones siempre fueran a título personal y nunca con formación de lotes. Para la implantación de cualquiera de estas ideas es imprescindible una reforma de la Constitución.

Pero junto a la crisis institucional, subrayó Tajadura, y la desafección de los ciudadanos motivada por la corrupción que sitúa a la Constitución en un claro peligro por la irrupción de una fuerza política que pone en solfa el espíritu del 78 sin presentar, al menos de momento, una clara alternativa; a lo que hay que sumar la peor crisis territorial del Estado con una espectacular visibilidad de las fuerzas independentistas que sitúan la meta de sus objetivos a meses vista y que una reforma constitucional no va a tranquilizar a estas fuerzas radicales que quieren romper la constitución para satisfacer sus demandas secesionistas. El conferenciante apremió a no tener miedo a las palabras y potenciar la capacidad para establecer un diálogo con otras demandas de autogobierno y otras reglas de juego precisas que estén veladas por un órgano de control realmente independiente.

Pero aún nos tenemos que enfrentar a otro peligro: El inmovilismo. Frente a la corrupción y el independentismo no cabe el actual estado de pasividad, hay que huir del miedo a la acción porque esa inmovilidad nos puede acompañar hasta perecer. La reforma constitucional, enfatiza Tajadura, se hace necesaria e imprescindible porque la crisis no se superará sola, y frente a propuestas que quieren romper con todo lo anterior, se impone una reforma racional que culminaría en un referéndum para que el nuevo texto constitucional tuviera el refrendo de las generaciones más jóvenes y de esta manera alcanzar un nuevo pacto constitucional.

En el turno de preguntas el profesor Tajadura acudió varias veces que a la idea de que, una vez reformada la constitución para premiar el consenso en cuestiones de gobierno de los jueces, la mala praxis política de mantener los actuales privilegios se vería afeada por la ciudadanía, y quizás tenga razón el profesor gracias a este nuevo resurgir por el interés de todo lo que concierne a la política, y será que hoy me he levantado pesimista pero no puedo evitar transcribirles las palabras de José Antonio Martín Pallín (2014:9)

Por encima de todo lo dicho tiene que haber un autocontrol que nace fundamentalmente de los principios y valores éticos de los ciudadanos que, a diferencia de Alemania, nunca obligarían a dimitir a un presidente de la República que hubiera admitido una invitación a unas vacaciones con un amigo poderoso. Nuestra ética ciudadana como consecuencia de los déficits de los programas de educación está bajo mínimos. Si no tomamos en serio la tarea de remontarlos, creo que todos los esfuerzos serán inútiles.

Y tú, querido e improbable lector ¿Cómo andas de ética ciudadana?

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Bibliografía

De la Cuadra, B. “Un poder judicial controlado por los partidos” Tinta Libre N^o 12 Diciembre 2014: 7-8.

Fonseca, C. “Togados contra la corrupción” Tinta Libre N^o 12 Diciembre 2014: 4-6.

Martín Pallín, J. “Una responsabilidad más allá de los jueces” Tinta Libre N^o 12 Diciembre 2014: 9-10.